Oposición apunta a Justicia por rebajas de condenas y exige la salida de Rabat y Silva

El Ministerio de Justicia quedó en el centro de la ofensiva opositora por las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

A pocas horas de la sesión especial de la Cámara de Diputados de este miércoles, parlamentarios exigieron entregar los decretos y sus fundamentos jurídicos, esclarecer las responsabilidades de quienes los firmaron y remover al ministro Fernando Rabat y al subsecretario Luis Silva.

Los cuestionamientos apuntan a las decisiones adoptadas dentro de la cartera: quién autorizó los beneficios, qué antecedentes se examinaron y por qué se aplicó un criterio jurídico que permitió reducir las penas. La controversia involucra 56 decretos relativos a condenados por delitos sexuales contra menores, además de cuestionamientos por beneficios otorgados en otros casos.

El diputado Raúl Soto (PPD) calificó la comparecencia ante la Cámara como una “prueba de fuego” y recordó que la oposición había otorgado un plazo de 48 horas para conocer los antecedentes y abordar las responsabilidades políticas.

“Si no responde con todos los antecedentes, si no pone las responsabilidades políticas del ministro y sus subsecretarios sobre la mesa, evidentemente que vamos a dar el paso que todos están esperando, que es la acusación constitucional”, advirtió.

La bancada de la Democracia Cristiana confirmó su disposición a avanzar con ese mecanismo contra Rabat.

Las firmas y el criterio jurídico bajo cuestionamiento

La presión opositora también alcanza al subsecretario Luis Silva, por su participación en la firma de decretos cuando ejercía como ministro subrogante. Para los parlamentarios, las responsabilidades deben examinarse en toda la cadena de decisiones del Ministerio de Justicia.

El diputado Álvaro Ortiz (DC) sostuvo que ambas autoridades deben abandonar sus cargos. “Acá no solamente se debe ir el ministro de Justicia, también se tiene que ir el subsecretario”, afirmó.

En la misma línea, el diputado Daniel Manouchehri (PS) atribuyó responsabilidad a los dos personeros por haber suscrito los beneficios. El diputado Jaime Araya (IND-PPD), en tanto, extendió su petición de salida al subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, mencionado entre las autoridades que firmaron decretos.

Uno de los puntos que la oposición busca esclarecer es el cambio de criterio aplicado por Justicia. Antecedentes documentales conocidos durante los últimos días indican que la cartera rechazó solicitudes de rebaja entre marzo y mayo y posteriormente concedió beneficios invocando la interpretación judicial sobre la irretroactividad de la ley.

El diputado Raúl Leiva (PS) exigió que el Ejecutivo entregue la totalidad de los documentos para revisar tanto las rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores como aquellas relacionadas con violaciones a los derechos humanos.

“Esperamos que el Gobierno de una vez por todas no siga realizando maniobras comunicacionales y, tal como lo solicitamos, entregue toda la información y todos los antecedentes sobre esta materia”, señaló.

Rabat defiende la legalidad de los beneficios

El ministro ha sostenido que las rebajas responden a la aplicación de la ley y al principio que impide aplicar retroactivamente una norma penal más perjudicial. La cartera afirma que los beneficios corresponden a delitos cometidos antes de la entrada en vigor de las restricciones de febrero de 2022.

La discusión incluye determinar cuáles decretos materializaron resoluciones judiciales específicas y cuáles se concedieron aplicando criterios establecidos en fallos sobre otros casos. Esa distinción es central para evaluar el margen de decisión que tuvieron las autoridades ministeriales.

Rabat llega a la sesión respaldado por el Presidente José Antonio Kast, quien lo ratificó en el cargo el lunes. Sin embargo, su continuidad también ha recibido cuestionamientos desde sectores oficialistas, cuyos parlamentarios han solicitado que dé un paso al costado.

Exigen información y protección para las víctimas

Junto con las responsabilidades políticas, los diputados reclamaron información sobre las personas beneficiadas y los resguardos adoptados para proteger a las víctimas.

La diputada Emilia Schneider (FA) exigió transparentar cómo se tomaron las decisiones y quiénes recuperaron la libertad. Ortiz, por su parte, manifestó preocupación por eventuales reincidencias y pidió explicar qué medidas se implementarán para evitar nuevas situaciones de riesgo.

La presión también se expresó frente a la sede del ministerio, donde organizaciones feministas se manifestaron ayer para exigir las renuncias de Rabat y Silva y cuestionar el respaldo del Ejecutivo a las autoridades involucradas.

La sesión especial de la Cámara fue convocada para este miércoles entre las 15:00 y las 17:00 horas. La oposición espera que Justicia entregue allí los antecedentes pendientes para definir sus próximos pasos frente a una eventual acusación constitucional.